En los últimos años, Hacienda ha impuesto el valor de referencia catastral como base imponible mínima para calcular impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Este valor no siempre coincide con el precio real por el que se compra o hereda un inmueble, y en muchos casos resulta ser superior, incluso extremadamente superior, hace unos años se nos dio un caso de un local de 55.000€, cuyo valor de referencia eran 243.000€. La Administración tributaria parte de la presunción de que este valor es el que refleja la realidad del mercado, salvo prueba en contra del contribuyente.
Hace unos años se nos dio un caso de un local de 55.000€, cuyo valor de referencia eran 243.000€
Sin embargo, esta forma de valorar los inmuebles ha generado una gran preocupación entre quienes trabajamos a diario en el sector inmobiliario. Y no es para menos. Son muchos los profesionales y ciudadanos que han visto cómo Hacienda asigna un valor a su vivienda sin ni siquiera visitarla, sin saber si necesita reformas, si está bien conservada o en qué planta se encuentra. Ese valor, llamado “valor de referencia catastral”, se calcula con fórmulas estadísticas y se impone como base para pagar impuestos, aunque no tenga nada que ver con el valor real por el que se ha comprado o heredado la vivienda.
Los tribunales han empezado a decir “basta”. En especial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado un paso muy importante: ha pedido al Tribunal Constitucional que revise si este sistema respeta los derechos de las personas. Porque, tal como está planteado ahora, se puede obligar a alguien a pagar mucho más de lo que realmente le corresponde… y sin darle la oportunidad de defenderse antes.
Esto no es solo un debate legal: afecta directamente a cualquier persona que haya comprado una vivienda, recibido una herencia o esté pensando en hacerlo. Es muy posible que haya pagado más impuestos de los debidos, simplemente porque Hacienda ha aplicado un valor que no refleja la realidad. Por eso, es importante saber que existen formas de reclamar, de exigir una revisión justa y de hacer valer los derechos del contribuyente.
Para quienes nos dedicamos a ayudar a las personas en la compraventa de inmuebles, este tema es clave. Porque no se trata solo de cerrar operaciones: se trata de proteger los intereses de nuestros clientes y de acompañarlos en todo el proceso, también cuando aparece una carta de Hacienda con una liquidación inesperada.
En resumen, los tribunales están empezando a poner límites al uso automático del valor de referencia. Y hasta que el Tribunal Constitucional decida, lo mejor que puede hacer cualquier contribuyente es estar bien informado, contar con asesoramiento especializado y no tener miedo a recurrir si considera que se ha cometido una injusticia. Porque lo justo es pagar lo que corresponde, ni más ni menos.
La noticia completa la tenéis en el Blog de Garrigues
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